El 88.5% de la población de origen extranjero que reside en el país es nacida en Haití o de descendientes haitianos, una diáspora que según las autoridades muestra mayores rezagos con relación a las metas de desarrollo que ha trazado República Dominicana.

La cantidad de inmigrantes asentados en el territorio nacional, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes correspondiente a 2017, es de 570,933, a los que se agregan 277,046 descendientes nacidos aquí, lo que suma un conglomerado de 847 mil 979 personas de origen extranjero.

Isidoro Santana, ministro de Planificación; Sonia Vásquez, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas; Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas; Frank Cáceres, director del Departamento de Censo, y el sociólogo Wilfredo Lozano, coincidieron en señalar que los inmigrantes requieren de políticas de inserción social.

Conforme a estadísticas presentadas por el grupo de autoridades y técnicos, invitados especiales al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el 27% de los inmigrantes son analfabetos, el 95% carece de seguro médico y el 68% de las mujeres no usan métodos anticonceptivos.

A partir de las deprimentes cifras que arrojó el Censo de Inmigrantes sobre niveles de exclusión o marginalidad que padece la población de extranjeros y sus descendientes, la mayoría de origen haitiano, resulta válido el planteamiento para que el Gobierno diseñe políticas públicas en favor de esos extranjeros.

A partir de la inversión de 45 millones de pesos en la realización de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, se considera que desde el litoral del Gobierno habría una significativa dosis de voluntad política para abordar un tema que gravita sobre todos los indicadores económicos y sociales de la nación.

Es claro que, como lo afirma el ministro Santana, urge aplicar políticas públicas que promuevan inserción de la población de inmigrantes en los programas de desarrollo, vinculados con empleo e ingreso, pero debería resaltarse también el compromiso oficial de controlar y regularizar el flujo migratorio, para evitar que ese drama social y económico se convierta en barril sin fondo.

Es menester advertir que además de un abordaje humanitario, de inclusión social y de investigación académica, el tema migratorio se ha convertido en un grave asunto de Estado que requiere también de medidas destinadas a garantizar drástica disminución de la población de indocumentados.