Esta nación, si de verdad se propusiera alcanzar el desarrollo y, con él, su plena institucionalidad, debe abocarse a librar grandes batallas, cruzadas que, sin dudas, podrían conducirla a sanear una democracia que no funciona y que no ofrece respuestas convincentes a una ciudadanía que, pese a su aparente letargo, un día puede decir hasta aquí y optar por soluciones extremas en un comprensible gesto de desesperación y hartazgo.

No se trata de simular simples escaramuzas para cubrir las apariencias y proyectar que se está procediendo con rigurosidad ante el delito, cuando en verdad nos mostramos indiferentes ante los reales crímenes que afectan el patrimonio nacional y que impiden que nuestras riquezas lleguen al mayor número de personas y, por el contario, se concentren en viejas o nuevas manos que viabilizan el círculo vicioso de la pobreza y la marginalidad.

Con frecuencia nos encanta aprovechar las batallas fáciles para convertir la ocasión en la oportunidad esperada de proyectarnos como los porta estandartes del saneamiento nacional, pero enmudecemos ante el latrocinio que nos hace muecas en nuestras propias narices, con la seguridad de que está exento del brazo sancionador de una justicia que se preserva como látigo implacable contra infractores de baja estofa.

En las escasas muestras que pueden exhibirse de sanciones contra privilegiados sociales, se ha tratado de penas por debajo de las que corresponden a las infracciones cometidas, con una ejecución en condiciones de huéspedes de hoteles de lujo, o con indultos que han impedido un mínimo cumplimiento de las penas aplicadas.

En los últimos días hemos sido testigos de acciones contra un ex director de prisiones y contra un anodino legislador fronterizo y, sobre todo el caso del segundo, ha desatado una gran repulsa por tratarse de una seducción contra una menor de edad y por haber concitado una rechazable solidaridad de sus colegas, de manera especial de mujeres diputadas, de quienes se esperaría un rechazo contundente.

Nadie, con un mínimo de responsabilidad, puede no celebrar que estas personas sean sometidas a la justicia y sancionadas como establece el ordenamiento legislativo, pero ojalá llegue el momento en que entre nosotros se apliquen todas las leyes contra todas las personas y que eso se haga dentro de un marco de absoluta normalidad. Mientras tanto, no nos engañemos con desbordadas reacciones ante acontecimientos importantes, pero que no tienen la connotación de las grandes batallas que, como reto, tenemos por delante.