Cuando Emiliano Tejera presenció el cadáver de su hijo Luis, a quien habían fusilado y rematado por el magnicidio del presidente Mon Cáceres, exclamó “¡Bien muerto, pero mal matado!”. Luis había sido herido en una pierna en el atentado contra el mandatario, razón por la cual no pudo, como otros conjurados, escapar de la persecución de las autoridades.

Capturado en los alrededores del río Haina fue conducido a la fortaleza Ozama y ejecutado en un juicio sumario. Desde entonces la expresión del afligido padre adquirió carta de ciudadanía, aplicándose a cada acción en que los procedimientos desnaturalizan el esprítu de las acciones.

Los ejemplos más ilustrativos los representa la persecución de la corrupción. Y más específicamente la “operación antipulpo” en la que han caído dos hermanos del expresidente Danilo Medina, otros exfuncionarios y supuestos testaferros de la red que habría estafado al Estado con más de cinco mil millones de pesos.

Con presentar y sustentar los cargos contra los imputados era más que suficiente, pero el Ministerio Público utilizó el escenario tanto para exaltar cualidades personales como para intimidar a los prevenidos.

Ese comportamiento me hizo recordar los tiempos en que un magistrado, cuya formación debía avergonzar a los profesionales del Derecho, la justicia y a la sociedad, era ponderado como todo una eminencia por la hostilidad que siempre mostró frente a víctimas propiciatorias de corrupción.

A los detenidos en la “operación antipulpo” no se les reconoció ni siquiera la presunción de inocencia. Y en plena audiencia para conocerles medidas de coerción se les ultrajó, con la aparente finalidad no solo de mancharlos, sino de ganar méritos ante una opinión pública que a veces confunde los deseos de justicia con la venganza.

Con los procedimientos que se han utilizado la batalla contra la corrupción puede, además de diluirse, correr el riesgo de convertir a víctimas en mártires. Las autoridades deben saber que los actuales no son los tiempos del juez Severino, ni de protagonismo mediático, sino que el sistema judicial transita por otra senda. Sobra reconocer que se tiene que poner fin a la corrupción y la impunidad que tanto han lastrado el desarrollo de este país, pero sobre la base de la justicia.

Para demostrar las supuestas irregularidades no hacía falta el espectáculo, pero tampoco la gala de una rectitud cuestionada en el pasado. Procesar a sospechosos de defraudar al Estado es más que alentador.

Y más si se logra atar no solo todos los cabos de la “operación antipulpo”, sino dar con las cabezas de los grandes escándalos de los últimos tiempos. Pero cuidando siempre los procedimientos para proteger la verdad.

Por: Luis Perez Casanova
luispc04@gmail.com