Sin precisar si la retención de salarios figura entre las sanciones que la ley prevé contra funcionarios que no presentan declaración jurada de bienes, se resalta que esa medida impuesta por el alcalde de Santiago a la vicealcaldesa y a nueve regidores ayuda a reavivar el debate sobre un generalizado despropósito en el que no se aplican consecuencias.

Centenares de servidores públicos, de instituciones descentralizadas o autónomas, rehúsan cumplir con la ley 311-14 que los obliga a revelar su patrimonio al momento de asumir sus funciones y al término de su ejercicio.

Hasta el propio presidente Danilo Medina ha exhortado a sus colaboradores a obedecer ese estatuto, sin que la mayoría le confiera más mínima atención, como si a esa gente, junto con el nombramiento se le otorgara una patente de corso.

El alcalde Abel Martínez dispuso retener los sueldos de la vicealcaldesa y de nueves ediles, quienes habían sido advertidos de la obligatoriedad de presentar su declaración jurada de patrimonio.
Martínez solicitó a la Cámara de Cuentas una relación de los funcionarios de ese ayuntamiento que aún no cumplen con la referida ley, después de lo cual procedió a retener el salario a los incumplidores, una acción que debería ser emulada por otros alcaldes, ministros, directores generales y titulares de órganos legislativos.

Quienes a más de un año de ser beneficiados con un nombramiento en la administración pública no presentan declaración jurada de bienes, deberían ser cancelados por el presidente Medina, en razón de que se han burlado de la confianza depositada en ellos por el jefe de Estado.

La Cámara de Cuentas está compelida a publicar la lista de todos los funcionarios públicos, legisladores, alcaldes y ediles que no han tenido la decencia de presentar por ante un notario público los bienes que poseen, para que se proceda con la aplicación de todas las sanciones previstas en la ley.

Al resaltar como positiva la retención de salarios a funcionarios del cabildo de Santiago que no presentaron declaración jurada de patrimonio, se reclama que el Presidente separe de la administración pública a servidores incumplidores de una ley que promueve transparencia y prevé prevaricación.