Gobierno, autoridades monetarias y entidades de intermediación financiera se comprometieron ayer a explorar nuevas iniciativas para estimular, ampliar y promover la oferta de viviendas, a los fines de cubrir una creciente demanda estimada en más de 350 mil unidades habitacionales.

Autoridades y sector financiero han hecho bien en procurar retomar los objetivos planteados a partir de la liberalización de recursos del encaje legal, que dio un significativo empuje a la construcción y financiación de viviendas destinadas a familias de escasos recursos.

Esta vez Poder Ejecutivo, Banco Central y los bancos comerciales han acordado impulsar en lo posible la inversión en la dinamización del mercado hipotecario a través de la figura del fideicomiso y de otras modalidades de crédito, lo que haría posible que miles de familias de moderados o bajos ingresos puedan obtener vivienda propia.

Lo mejor que puede pasar en el ámbito inmobiliario es que se fortalezca la alianza entre Gobierno, constructores y sector financiero en el propósito de afrontar el déficit de viviendas, mediante novedosas formas de financiamiento que permitan ofertar casas y apartamentos de bajo costo y con intereses fijos a largo plazo.

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) estima en 351 mil unidades la demanda existente, cifra que aumentaría en la medida que se consolide el crecimiento de la economía y se incremente la generación de empleos.

A lo que se aspira es a que se amplíe y se democratice el mercado inmobiliario a través de mayores flujos de recursos y modalidades de financiamiento que permita a familias hoy excluidas de la posibilidad de tener un techo propio, adquirir una vivienda digna.

Ojalá que las autoridades monetarias identifiquen y liberen recursos represados en la banca para ser destinados a la financiación a bajo costo de proyectos de viviendas sobre los cuales previamente el Estado ha hecho aportes esenciales en el suministro de terrenos o la construcción de obras accesorias.

Una alianza consolidada, con programas e iniciativas de largo plazo que ayude a disminuir sustancialmente el déficit de vivienda, constituiría la mejor demostración de que Gobierno y sector privado pueden y deben aunar esfuerzos para promover crecimiento, desarrollo, equidad y justicia social.