Representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas aprobaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Se trata de un documento que contiene una serie de acuerdos para reforzar la implementación de los asuntos de población y desarrollo después de 2014, al término de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realizó en la capital de Uruguay.

La conferencia, organizada por la CEPAL y el Gobierno de Uruguay con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reunió también a 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales, con una audiencia total que superó las 800 personas, convirtiéndose así en una de las reuniones intergubernamentales más grandes de los últimos años en la región.

El Consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.

La representación del país estuvo encabezada por la licenciada Alejandrina Germán, ministra de la Mujer.

Los delegados de los países señalaron que la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos, es el marco general que debe guiar la profundización de las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza, la exclusión y desigualdad.

En este ámbito, apuntó el documento acordaron también aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, y garantizar un patrón de producción y consumo sostenible, evitando el agravamiento de los cambios climáticos indeseados, entre otras medidas.

En el primer tema prioritario, derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los países acordaron garantizar a todos estos grupos las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, sin ningún tipo de discriminación.

También, se acordó invertir más en juventud, especialmente en educación pública, así como implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales y dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, entre otras.

Sobre el segundo, envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, los delegados pactaron formular políticas con enfoque de género que aseguren un envejecimiento de calidad.