TEGUCIGALPA. AFP. El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya se reunió este martes con un negociador del régimen de facto en un intento por destrabar el diálogo que busca superar el conflicto político, en la víspera de que la OEA discuta nuevamente la situación en Honduras.

Zelaya se reunió con Arturo Corrales, negociador del gobernante de facto, Roberto Micheletti, para discutir cómo avanzar en las pláticas iniciadas hace 13 días, un día antes de que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregue un informe sobre Honduras al Consejo Permanente del organismo en Washington.

«Quería escucharle porqué se oponen a nuestras propuestas y expresar mi voluntad de buscar por la vía pacífica un arreglo. Fue un diálogo abierto, no oficial», dijo el mandatario tras su encuentro con Corrales en su refugio en la embajada de Brasil.

«Esta comisión reconoce el alto gesto de Zelaya de habernos extendido una invitación para continuar este diálogo. Intercambiamos impresiones que sin duda enriquecen lo que va a ser la solución final», expresó Corrales.

Unos 2.000 zelayistas marcharon este martes en Tegucigalpa, un día después de que fueran restablecidas las libertades civiles, mientras Zelaya espera el pronunciamiento de la OEA sobre el «estancamiento» del diálogo con el gobierno de facto, que se niega a reinstalarlo en el poder.

«Estamos en un proceso de diálogo estancado, obstruido, y el presidente Zelaya quiere definir si es una obstrucción definitiva o si va a haber avenidas o posibilidades de resolver esto de forma dialogada», dijo Rasel Tomé, asesor de Zelaya.

Los negociadores de Zelaya habían rechazado por «insultante» la última propuesta del régimen de facto, según la cual la mesa de diálogo decidirá la restitución tras consultar a la Corte Suprema y el Congreso.

«Es una manipulación, un juego, una nueva bofetada del régimen al mundo», dijo a la AFP el mandatario, quien señaló que aceptar las ofertas del gobierno de facto equivale a negar que hubo un golpe de Estado el 28 de junio.

Zelaya sostiene que su restitución para acabar su mandato el 27 de enero es asunto político por lo que la decisión corresponde al Congreso.

No obstante, los negociadores de Micheletti dicen que es necesario consultar antes a la Corte, que acusa a Zelaya de 18 delitos como traición a la patria por intentar cambiar la Constitución con el supuesto fin de reelegirse.

El régimen gana tiempo en su apuesta por las elecciones del 29 de noviembre como solución a la crisis, tras varios diálogos frustrados promovidos por la OEA y el presidente costarricense Oscar Arias, gestor del ‘Acuerdo de San José’ en que se basa la negociación. Apoyado por los empresarios, los militares y los partidos Liberal y Nacional, que se alternan el poder, Micheletti resiste al aislamiento y la presión internacional.

La comunidad internacional se niega a avalar los comicios bajo un gobierno de facto, pero Micheletti, político liberal de larga data y empresario del transporte de 66 años, está convencido de que acabará reconociéndolos.

«Dejamos la ventana abierta al diálogo pero alertamos al mundo del fraude electoral que se avecina», dijo Zelaya, maderero y ganadero liberal de 57 años, que en su gobierno se alineó con países latinoamericanos de izquierda reunidos en el ALBA, como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia.

En un comunicado, el régimen acusó a Zelaya de promover la «insurrección» y rechazó las «amenazas» de los mandatarios del ALBA que acordaron en una cumbre en Bolivia sanciones económicas.