El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) instruyó este martes a sus diputados a impedir hoy que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley que reduciría de las transferencias del Estado a los ayuntamientos mil cuarenta millones de pesos.

El secretario general perredeísta, Orlando Jorge Mera, envió una carta al vocero del Bloque de Diputados, diputado Nelson Arroyo, en que instruye impedir con su asistencia masiva y puntual a la sesión de este martes de la Cámara baja que el Partido de la Liberación Dominicana logre el voto de las dos terceras partes necesario para convertir en ley el proyecto aprobado en el Senado, donde se reduce un 12 por ciento a los ayuntamientos.

En su carta a los legisladores perredeístas, se les solicita pronunciarse en contra del referido proyecto perjudicial para los servicios que prestan los ayuntamientos y para el derecho de la población a disfrutar de ciudades más limpias, seguras y organizadas.

La comunicación de Jorge Mera dice interpretar el sentir de la alta dirección y el liderazgo del PRD, especialmente del presidente, ingeniero Miguel Vargas, y el candidato presidencial, Hipólito Mejía, quienes son fieles compromisarios de la filosofía municipalista y el compromiso con la gente contraído por el PRD.

Dice el secretario general que su partido se identifica plenamente con la preocupación que públicamente ha manifestado la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) en relación a la iniciativa número 01732-2010-2016-CD incluida en la orden del día de la sesión ordinaria No. 00032 de fecha de 19 de julio de 2011, iniciada en el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo y aprobada por la Cámara alta el pasado 17 de julio de 2011 en la que, violentando la autonomía municipal y el derecho adquirido que tienen los ayuntamientos a percibir recursos suficientes para la ejecución de sus competencias, el Gobierno Central dispondría una reducción de las transferencias del Estado a los ayuntamientos ascendente a RD$ 1,049,040,000 (Mil cuarenta y nueve millones cuarenta mil pesos).

Este hecho constituye un nuevo golpe contra los ayuntamientos del país que se agrava por haber sido realizado con premeditación y manipulación al contemplar en el párrafo III del artículo 1º del decreto presidencial 186-11 de fecha 24 de marzo de 2011 excluir de la aplicación del ajuste del 12% del gasto público a todas aquellas instituciones que tienen porcentajes establecidos en leyes específicas. Éste es el caso de los ayuntamientos que reciben su financiación a través de la Ley 166-03 sobre transferencias, según la cual los ayuntamientos deben percibir un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, advierte Jorge Mera.