A cada paso se evidencia que estamos frente a una institucionalidad estructurada como dictadura constitucional generadora de corrupción impune, sobre-explotación, empobrecimiento, autoritarismo, reeleccionismo y abuso de poder.

Nos encontramos frente a una crisis ambiental en expansión. Degradación extrema del sistema de salud, seguridad social y pensiones. Alarmante deterioro de la seguridad física y existencial de los/as dominicanos/as a consecuencia del reinado de la delincuencia de Estado.

Nos golpea el auge de la economía informal y las desigualdades sociales. El deterioro del poder de compra salarios, sueldos fijos e ingresos informales, de la calidad de vida y los derechos del pueblo trabajador.
Nos agobia un sistema de transporte y un sistema energético caóticos, dominados por mafias; y nos indigna un despliegue dramático de la violencia de género, auge de los feminicidios impunes y negación de derechos como el aborto terapéutico.

A esto se agrega la tendencia a un peligroso desfonde de la economía nacional a consecuencia del persistente déficit fiscal, expansión de la corruptela y creciente deuda pública externa e interna…

Así las cosas, el incremento del descontento y la indignación que tal realidad provoca y el poder movilizador de las demandas correspondientes, tienden a trascender la vertiente estrictamente electoral de la coyuntura.
En medio de estas crisis superpuestas nos han impuesto el bloqueo institucional al reclamo de fin del régimen impunidad y a la exigencia de superación de la corrupción en expansión, y han reforzado su blindaje con las mostrencas leyes de partidos y la ley orgánica electoral, ambas impuestas en medio de fuertes controversias para facilitar el continuismo peledeísta.

En ese contexto resalta la imposibilidad de superar ese bloqueo y de crear una institucionalidad alternativa por la vía de las instituciones usurpadas, de los viciados mecanismos electorales y del sistema de partidos entronizados en ellas, en el que predominan un oficialismo continuista y una oposición históricamente comprometida con lo esencial de sistema vigente, incapaz de ponerle fin a la corrupción y la impunidad sistémica.

En la actualidad se registra un altísimo grado de desconfianza de la sociedad en los partidos tradicionales, Congreso, gobierno de turno, sistema judicial, policía y gran empresa privada; exhibiendo porcentajes de rechazo que rondan el 86%, el 80% y el 70%, lo que revela ilegitimidad y fragilidad institucional.

Tales hechos le dan pertinencia a la democracia de calle para impulsar el “cambio radical” que gran parte de la sociedad aprueba, según las encuestas más recientes.