El sector empresarial dominicano se ha volcado sobre el mensaje de cambiar de modelo económico en el país. Un mensaje ambiguo que no define el actual modelo ni expone con exactitud hacia cual es que se desea ir. Sin embargo y sin ruta aún definida, parece haber consenso sobre esto entre el Estado, los políticos, los empresarios y la sociedad civil. El problema es que el cambio necesario puede que no sea el que los empresarios desean o les convenga.
República Dominicana tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Europa y Centroamérica, que representan un mercado de cerca de 700 millones de personas, estamos negociando uno adicional con Canadá y siempre hay posibilidad de culminar al mediano plazo uno con Haití. A pesar de esta ventaja competitiva frente a sus similares sudamericanos, el crecimiento de nuestras exportaciones se ve raquítico comparado al de los países de la región. Si bien es cierto que hay factores internos que afectan la capacidad exportadora que son enteramente achacables al Estado, también lo es que la mayor carga de responsabilidad reposa en la cultura empresarial.
Nuestros empresarios necesitaron de un terremoto que destruyera todo Haití para, como buitres sobre un cadáver, interesarse en colocar sus productos de forma masiva en aquel mercado. Si están esperando que ocurra una hecatombe similar para hacerlo en Estados Unidos, Europa y Centroamérica, sería bueno que lo hagan sentados.
El sector privado luce complacido en pelearse como parásito el desayuno escolar, las obras civiles del Estado, echarle mano a una que otra licitación, reclamar subsidios y dormir tranquilos bajo el amparo de ser la sufrida producción nacional. No hay interés real por volcarse a la exportación y menos de fomentar la creación de empleos formales.
¿Qué tal esto como cambio de modelo económico? Una oficina PROCOMPETENCIA empoderada que persiga y sancione las prácticas anti-competitivas, que mire con recelo las asociaciones empresariales y que, en caso que proceda, las desarticule por violentar su naturaleza esencialmente laboral.
Un Estado centrado al beneficio del consumidor con mejor calidad y precios en los bienes que consuma, que en los caprichos del empresariado nacional que pretende mantener secuestrado este mercado. Donde se fomente la apertura comercial no únicamente para competidores extranjeros, sino también para los nuevos empresarios locales que suelen ser descuartizados por las prácticas anti-competitivas del sector privado tradicional.
Un modelo que termine el actual status quo parasitario donde a cuesta de contribuyentes/consumidores los políticos sacan beneficio económico personal a cambio de ellos a su vez maximizar, proteger o garantizar los dividendos del empresariado.
El cambio de modelo económico va a comprender regular desde las contribuciones privadas a las campañas políticas, hasta trazar límites y criterios en los subsidios estatales, con todo un aparato regulatorio de por medio que garantice una dinámica y transparente competencia. Solo allí habrá más empleos, exportaciones y bienestar, aunque les duela a nuestros vocales empresarios.

