El manejo de recursos financieros, sin importar que la fuente sea oficial o privada, requiere de los depositarios un manejo diáfano y escrupuloso con el cuidado y la responsabilidad que en derecho se le exige al buen padre de familia.
Esas líneas sirven a manera de introito para traer a la mesa el debate acerca del subsidio anual -mediante partidas periódicas- que el Estado Dominicano otorga a favor de las distintas federaciones deportivas nacionales agrupadas bajo la égida del Comité Olímpico Dominicano.
Con reiterada frecuencia y sin discutir su justedad o méritos, nos enteramos de los reclamos por aumentos presupuestarios que formulan dirigentes federados bajo el alegato de insuficiencia en la cuantía de los montos que en la actualidad reciben para el desenvolvimiento de sus actividades.
Ante ese tipo de repetitivas exigencias, es válido preguntar cuántas y cuáles de esas federaciones mantienen un sistema de libros contables y procedimientos administrativos capaces de resistir una auditoría externa, hallándose por tanto en plena capacidad de ofrecer una rendición de cuentas con números veraces.
Estoy en la seguridad de que son escasas las ONG dentro del ámbito deportivo que llevan una contabilidad organizada, y menor todavía el número de las que, aún cumpliendo con tales requerimientos legales, resisten un análisis profesional siguiendo los parámetros generalmente aceptados en la materia.
Por tal motivo, es preciso llevar a cabo una tarea apremiante con el propósito de situar a esas asociaciones sin fines de lucro en un plano de legalidad y transparencia que las convierta en acreedoras confiables de los recursos que manejan.
En estos tiempos de inflación económica insertada en la vorágine de una espiral ascendente, el mantener y desarrollar atletas y equipos de alta competencia en condiciones óptimas, implica una cuantiosa inversión económica que requiere esfuerzos que, la mayoría de las veces, están fuera del alcance de los actores.
No basta, sin embargo, lanzar al aire reclamos justos en apariencia sino que debe adjuntarse a tales demandas el fardo de un desempeño impoluto a la vista y orden de cualquier fiscalización.
Porque para pedir y exigir hay que estar en condiciones de recibir que no es lo mismo que atrapar.
