Antiguamente, las personas solo tenían deberes, mientras que, quien ejercía el poder reinando arbitrariamente, ostentaba todos los derechos, pero actualmente las sociedades reconocen los derechos de la ciudadanía. Derechos estos que el Estado democrático está obligado a respetar, un largo proceso histórico que ha determinado que distingamos una serie de derechos fundamentales con los que se nace y deben ser reconocidos.

Para reafirmarlo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad mundial, a través del sistema de las Naciones Unidas, en diferentes conferencias mundiales, declaraciones, convenciones y los gobiernos se han comprometido en la defensa de estos derechos para la ciudadanía plena de las personas.

Los que han administrado el Estado dominicano, en diversos documentos, plataformas, declaraciones, planes de acciones, cumbres mundiales, han reconocido que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son también, derechos humanos.

Sin embargo, prácticamente ningún derecho sexual y ningún derecho reproductivo son plenamente reconocidos, promovidos y respetados en nuestro país, donde existe una práctica atrasada respecto a la salud sexual y salud reproductiva de las personas, especialmente de las mujeres y niñas.

En el sistema de educación, es preocupante, que a pesar de contar con políticas enunciadas desde hace muchos años, como el Plan de Educación Afectivo Sexual, PEAS, no se incorpore el derecho de todos/as a una educación digna, científica y oportuna, para evitar la alta tasa de embarazos en edad escolar.

Respecto a las altas tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil, aunque hemos logrado bajar el índice de natalidad a 2.4 hijos/as por mujer, el 54.2% de las mujeres casadas o unidas entre las edades de 15 a 19 años no usan métodos anticonceptivos aunque el conocimiento de algún método anticonceptivo, es conocido por el 100% de ellas.

La penalización absoluta de la interrupción del embarazo, aún en caso de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro, aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad de las dominicanas, sabiendo que precisamente, el aborto es siempre un fracaso cuando se lo mantiene en la ilegalidad, del sistema de educación, del sistema de salud, de las políticas de planificación familiar, del sistema de seguridad y un fracaso del Estado.

Sobre el acoso sexual a las mujeres y niñas, las cifras alarmantes indican una práctica de violencia sostenida en los centros educativos y laborales, que se realiza con completa impunidad.