En un país de verdad, tal vez yo estaría de acuerdo con las “candidaturas independientes”, pero, en un país de mentira como el nuestro, no.

Si el nuestro fuera un país de ciudadanos conscientes, con educación, respetuoso de las leyes, donde el dinero no fuera un factor determinante en unas elecciones, yo no tendría problema en aceptar que cualquier “pelafustán” pueda aspirar a alcalde, concejal, diputado, senador, presidente de la República, inclusive. Pero ese no es el caso.

“La voluntad popular” ha sido comprada por 500 pesos, un picapollo, una botella de ron barato y un asiento en un “motoconcho”, en una “voladora”, o en un autobús destartalado de Juan Hubieres, Antonio Marte o de cualquier otro empresario del transporte público. ¡Lo hemos visto!

En este país hay más bancas de apuestas, casinos y loterías, que escuelas vocacionales, colegios, universidades, hospitales, clubes culturales y deportivos, juntos.

La mayoría de las bancas son ilegales, no pagan impuestos. Muchas están en manos de diputados, senadores, alcaldes y regidores que “compran la voluntad popular”.

En este país, insisto, las “candidaturas independientes” serían un peligro para el ya deteriorado y desacreditado sistema de partidos políticos y para el fortalecimiento de la débil democracia dominicana. Sería un premio para narcotraficantes y “banqueros”, que, con todo el dinero sucio blanqueado por estructuras financieras mafiosas, incluyendo determinados bancos y cooperativas, podrían “ganar” el poder político total del país, desplazando a los “políticos profesionales” de los partidos acreditados en la deficiente Junta Central Electoral, que, si bien es cierto no han cumplido a cabalidad con el rol social que les corresponde, por lo menos han mantenido cierta estabilidad, gobernabilidad y paz social.

La DNI (Dirección Nacional de Investigación) debe tener en su registro la cantidad exacta de alcaldes, regidores, diputados y senadores, abogados, comunicadores sociales, fiscales y jueces, vinculados al juego de azar y el narcotráfico que se financian a sí mismos, a los partidos y aspirantes a la presidencia del país.

Aprobar las candidaturas independientes en estos momentos sería como “afilar cuchillo para la garganta” los partidos, los políticos y la propia democracia que se verían afectados por una ley que les abre las puertas a los peores elementos de la sociedad.

Es verdad que la Constitución garantiza el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegido (más bien elegible), pero cuidado.

Aceptar las “candidaturas independientes” en un país de mentira, con instituciones débiles y frágiles, donde todo lo prohibido se permite sin consecuencias, como el tránsito de las motocicletas por los túneles y elevados, por ejemplo, es un peligro.