POR: Oquendo Medina
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Los procesos de reformas y modernización del Estado representaron para nuestro país nuevos retos y desafíos, los cuales hicieron que los analistas del tema estudiaran más a fondo el papel que, dentro de dichos procesos, desempeñarían los responsables de mantener a flote el gigantesco aparato administrativo público.
En realidad, como se hablaba de una nueva gestión pública, pues lo más lógico sería exigir una administración pública ética, eficiente, eficaz, de calidad y transparente a los fines de poder ser percibida y aceptada por una ciudadanía cada vez más exigente en la reclamación de sus derechos. Dentro de este nuevo contexto, rápido se entendió que resultaba obligatoria la inversión en los recursos humanos para así asegurar el crecimiento cualitativo de nuestro sistema administrativo.
Efectivamente. Los que tenemos la honrosa responsabilidad de capacitar a los servidores públicos, en aras de obtener una mejor administración pública, sabemos que el espíritu de servicio, el camino hacia la calidad, el levantamiento de los valores y, en fin, las buenas prácticas para una gobernanza efectiva, definitivamente se obtiene mediante los procesos de capacitación, vehículo fundamental para un buen gobierno. En realidad, la capacitación y profesionalización de los recursos humanos está llamada a darle respuestas convincentes a las exigencias cotidianas de la ciudadanía en sus demandas de solución a sus problemas.
Está debidamente comprobado que los servidores públicos, de niveles altos o medianos, realizan una función más honestas y apegadas a las buenas prácticas cuando se adentran a los procesos de formación, capacitación y profesionalización. Si bien es verdad que los procesos de capacitación por si solo no exterminan el germen de la corrupción; no menos cierto es que está debidamente comprobado que ha mayor capacitación de los servidores públicos mucho menor siempre serán las tentativas de caer bajo el flagelo de la corrupción.
De manera que una capacitación permanente tiende a suministrarle al servidor público mayor responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y, por tal vía, definitivamente a vincularlo mucho más con la ciudadanía para así ofrecerle servicios de rapidez, calidad y transparencia. Lo que pretendemos dejar claramente establecido es que la capacitación de los recursos humanos bajo ninguna circunstancia debe detenerse y que, por el contrario, representa un arma poderosa de primer orden para todos los gobiernos en su lucha a favor de la transparencia y en contra de la corrupción administrativa.

