Facturación empresarial

Señor director:

Mediante el decreto 256-06, el Poder Ejecutivo estableció el control de la facturación de las empresas para fines tributarios, un proceso complejo en donde esta comunidad estrena una nueva modalidad, y ya comienza a generar contratiempos para las empresas.

Extrañamente, la DGII se toma la atribución de bloquear a cualquier empresa que, según ella, no haya cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias, que son supervisadas por la propia DGII. Olvida que la libertad empresarial está consagrada por la Constitución en su artículo 50.

Bloqueando la facturación a cualquier empresa, es violado este principio, pero, peor, se crea un trastorno general porque obstaculiza muchas transacciones.

Si bien es cierto que en su articulo 34 el Código Tributario plantea que la administración tributaria goza de facultades para dictar normas generales que sean necesarias para la administración y aplicación de los tributos, no es menos cierto que solo el Congreso Nacional puede establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. Pero más aún, el articulo 74 de la Carta Sustantiva, en su numeral 4, reza que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido mas favorable a la persona titular de los mismos.

El artículo 8 de la Constitución expresa que La función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social. Por ende, el Estado jamás puede convertir en un persecutor abusador a quienes generan beneficios para una colectividad.

Pienso que la presión tributaria debe generar en un país las recaudaciones de dinero que el Poder Ejecutivo necesite para la realización de obras que vayan en beneficio del pueblo dominicano. Ese es el objetivo del gobierno al cobrar los impuestos necesarios, pero estas recaudaciones deben convertirse en obras fundamentales para el país. Si no es así, de nada valdría suprimir de manera inconstitucional y violadora de preceptos legales a las empresas que supuestamente no han cumplido con las pautas tributarias para que un grupo de funcionarios malgasten el dinero del pueblo.

Atentamente,

Rafael Linares

Abogado