Los jueces

Señor director:

En el contexto de la globalización, la transparencia y la competitividad, el régimen jurídico es fundamental para garantizar no solo ese pilar de las democracias que son las libertades, sino las reglas de juego para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Como profesional del derecho con más de 50 años de ejercicio, que he sido representante del Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia y abogado del Estado, entre muchas otras funciones en el tren judicial, puedo asegurar que sin una Justicia independiente, responsable y competente no hay confianza para nadie arriesgar sus capitales.

No es como en la época en que las empresas se conformaban con la garantía del poder político de turno para incluso desconocer derechos como el de la sindicalización. La universalización penaliza el soborno, la competencia desleal y muchas prácticas que en el pasado eran inobservadas.

Todos los cambios que se han operado en virtud de los nuevos tratados y esquemas internacionales demandan en República Dominicana un sistema judicial que responda a esa tendencia. En momentos como los actuales el Gobierno y los partidos políticos no se pueden permitir improvisar con la conformación de los tribunales superiores con profesionales no aptos para desempeñar sus funciones.

No por casualidad los países más atrasados de la región y el mundo son aquellos que no cuentan con una justicia confiable, que no cuentan con jueces capaces de enfrentar las arbitrariedades del poder político y garantizar el imperio de las libertades y del sistema jurídico.

Cualidades como capacidad, probidad, rectitud e independencia deben primar, al margen de militancia política, a la hora de evaluar a los candidatos para integrar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Se haría un gravísimo daño a la nación si se improvisa con jueces que carezcan de esa visión que imponen los nuevos tiempos, además de sospechosos de haber sido escogidos para defender intereses sectarios.

Como había planteado en otro articulo, que haya profesionales que militaren en un partido político no es una afrenta. El problema es que su conducta pública o privada no sintonice con las condiciones que garantizan y se requieren para desempeñar con la más absoluta garantía de imparcialidad, responsabilidad y decoro una misión tan delicada como la de juez.

Atentamente,

Rafael Cordero Díaz

Santo Domingo