Un caso para la justicia

Señor director:

Nadie parece saber qué está ocurriendo en el país. No existe un apologista, un comentario ni siguiera un cuchicheo del peligro que estamos corriendo desde hace años. Pero vamos por mal camino. Me refiero al asunto de las motocicletas. O mejor dicho de las incautaciones de ese vehículo cuyo valor asciende a miles de pesos. No me explico cómo a esta altura la fiscal del pueblo, la Procuraduría General de la República y el Ttribunal Constitución no han ordenado una investigación profunda del atropello que comete Amet, la Policía y el Ejército.

No dudo que el propio Presidente de la República haya visto a cualquier agente motorizado incautando motocicletas en cualquier esquina. Cientos y tal vez miles de motocicletas son confiscadas diariamente. Pero el valor de una motocicleta oscila entre 30 y 45 mil pesos.

Ese es un vehículo de tanto valor para los motociclistas como aquellas yipetas y carros de lujo incautados y apropiados años atrás por altos jefes policiales, por los cuales muchos de ellos fueron sometidos a la justicia.

Pero como ninguna autoridad explica que está aconteciendo en ese sentido, tenemos el deber de pensar que el estado de derecho en la República Dominicana está en juego. Nunca hemos visto en la prensa un llamado de Amet, ni de otras instituciones instando a los afectados de robos de motocicletas a que pasen a identificar las suyas por el Canódromo. Tampoco nunca hemos escuchado que transitar en motor esté prohibido.

Entonces es responsabilidad de las autoridades civiles averiguar dónde están las motocicletas incautadas, es decir si han sido vendidas sin la autorización de un juez o si han sido usufructuadas, porque ambos casos son delitos.

En caso de que el gobierno esté utilizando medida de esa naturaleza para recaudar impuesto, sería el principal culposo de dañar los cimientos de la mentalidad social.

En un simple cálculo matemático si mil motociclistas tienen que pagar multas de 500 pesos diarios eso asciende al mes a 15 millones. Pero si las motocicletas con un valor mínimo de 12 mil pesos desaparecen eso equivale a mucho dinero, que hay que ser investigado.

Pero además existe una incongruencia por parte de los agentes actuantes, porque en caso de que el vehículo sea robado no solo deben confiscar el motor, sino que deben apresar al conductor para ser investigado, el cual es dejado en libertad.

Atentamente,

Aquino Arroyo