Sentencias y legalidad

Señor director;

Un viejo proverbio chino reza así: Un país marcha bien cuando el juez anda en coche, el maestro a caballo y el policía a pie. Aquí ocurre al revés, porque los jueces reciben mala paga y muchos no tienen vehículos, los maestros se trasladan en motoconchos, y una significativa proporción de policías y militares poseen riquezas que no tienen una explicación razonable.

La Ley 50-88, que sanciona el tráfico de drogas, es una regla rigurosa que contiene penas drásticas y prohibe la libertad provisional bajo fianza. También la Ley 36, que castiga el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, niega la posibilidad de salir de la prisión con garantía económica.

¿Por qué los traficantes de drogas y los de armas de fuego salen en libertad bajo fianza? Sencillamente, la Corte Penal del Distrito Judicial de Santiago, declaró inconstitucionales los artículos de ambas leyes que prohibían el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza. Esa sentencia fue homologada por la Suprema Corte de Justicia.

La decisión tanto de la Corte Penal de Santiago, como la de la SCJ, se fundamenta en que la negación de la libertad bajo fianza viola convenciones internacionales de las cuales la República Dominicana es signataria.

Hay un principio jurídico que señala que una ley abroga una ley. Hasta ahora, ninguna legislación ha sido aprobada para modificar las leyes 50-88 sobre tráfico de drogas y 36 sobre porte y tenencia de armas de fuego, a los fines de permitir que los imputados puedan salir en libertad con el depósito de una fianza.

El incremento del narcotráfico y del crimen organizado motiva a fortalecer el Poder Judicial. El rumor público señala a importantes personas con nombradía pública con fuerte ligazón con el narcotráfico. El Ministerio Público puede actuar de oficio cuando, de manera repetitiva, se oyen nombres de gente que podrían estar conectada con graves infracciones.

Hace varios lustros, y actuando por el rumor público, el fiscal del Distrito de ese tiempo ordenó el arresto y sometimiento de un ex oficial del Ejército por la muerte del periodista Gregorio García Castro.

Debido al aumento desbordado de la violencia, se hace necesario que el Ministerio Público actué cuando el rumor público involucra a personas con cierta relevancia en hechos de sangre.

Atentamente,

Dr. Hugo A. Isalguez

Santo Domingo