Justicia a guillotina

Señor director:

El choque entre poderes e instituciones del Estado luce inaceptable. Esos enfrentamientos demuestran que puede haber lastres de choques de personalidad o búsqueda de jefatura, y éstos no son buenos ni necesarios.

Las instituciones armadas, los fiscales y los jueces tienen la misma obligación central, que es luchar para reducir la delincuencia a su mínima expresión. Para ello tienen que tener un frente unitario y no perderse en detalles.

La litis entre el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía, el ministro de Interior y Policía, el ministerio público, los jueces y las organizaciones defensoras de los derechos humanos debe ser suspendida en el acto.

Cada uno tiene sus obligaciones. Ningún poder del Estado debe incursionar en el accionar del otro, salvo que sea utilizando las vías que la Constitución dispone, con la suficiente discresión, y no el jalón de cabellos en la opinión pública nacional.

Reconocemos que la Policía tiene razón cuando demuestra públicamente su indignación porque delincuentes que han sido encontrados cometiendo el delito, son puestos en libertad, y al poco tiempo ejecutan un crimen abominable.

El mismo ministro de las Fuerzas Armadas ha destacado la fragilidad y hasta complacencia de los jueces, en lo cual puede tener toda la razón, pero no es un pleito para darlo por los medios de comunicación.

El presidente de la República, delante del cadáver de una agente asesinada por la delincuencia, demostró su enojo con el Poder Judicial, y asimismo le secundó el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional. Ya la fiscal del Distrito Nacional se opuso a que los militares salieran a patrullar a las calles.

Lo único que demuestra este choque entre poderes e instituciones del Estado es la fragilidad de la vida pública y social dominicana. De estos pleitos solo saldrá beneficiado el delincuente, porque el pueblo perderá confianza en una institución sagrada, como es la justicia.

El único que tiene la potestad constitucional para aplicar sanciones es el juez, nadie le puede desconocer ese derecho, que es el accionar básico de uno de los tres poderes del Estado.

Colocar a la judicatura en la pira pública, con la guillotina casi accionando sobre su cuello, es dejar a la sociedad sin confianza ni esperanza en la justicia. Si esta falla y pone las rodillas en tierra, volveremos a los linchamientos del lejano oeste norteamericano.

Atentamente,

Manuel Hernández Villeta.