Caso inmobiliario

El caso de la jurisdicción inmobiliaria, que de vez en cuando asoma en la palestra, parece más complicado de lo que aparenta. En 2007 se invirtieron 70 millones de dólares, que obviamente se tomaron prestados, para tecnificar los procesos catastrales, pero sin que a la fecha se hayan logrado los resultados esperados.

Dice la Asociación Dominicana de Agrimensores que por deficiencia gerencial y operativa hay más de 20 mil títulos de propiedad superpuestos, lo que en cierto modo es claro que conspira contra la inversión y la misma seguridad jurídica. Los agrimensores estiman que la Suprema Corte de Justicia, que en realidad tiene bastante con el Poder Judicial, no está en capacidad ni tiene las condiciones técnicas para manejar los registros de propiedad.

Y en esa tesitura parece residir la principal traba de un sistema contra el cual se han levantado diferentes sectores. Los agrimensores culpan al Poder Ejecutivo de evadir su responsabilidad en cuanto a reasumir la administración de la jurisdicción inmobiliaria para evitar un colapso de ese régimen. Las frecuentes denuncias dan a entender que en torno al sistema se anidan intereses ocultos.