Para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el procurador general ha dispuesto reabrir, continuar y profundizar la investigación en torno a la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo), ocurrida hace 19 años, convertida hoy en mancha casi indeleble para la justicia dominicana.

El Ministerio Público tiene el compromiso de mover cielo y tierra para establecer razones y circunstancias de la desaparición del profesor universitario y militante de izquierda, quien fue visto por última vez el 26 de mayo de 1994, porque la sociedad dominicana no desea ni merece llevar sobre sus sienes ese crespón de misterio, indiferencia o complicidad.

Hace tres años que la CIDH dispuso mediante sentencia la reapertura de las investigaciones en torno a lo que en principio se ha señalado como apresamiento y posterior asesinato del doctor González, hipótesis que no ha podido ser demostrada por vía de una indagatoria procesal y forense, para que se precisen las circunstancias de su deceso y el lugar donde habrían sido depositados sus restos.

El procurador Francisco Domínguez Brito ha encomendado a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la ingente tarea de correr el velo que oculta uno de los episodios trágicos en torno al cual se han dibujado las más diversas conjeturas, sin que sean satisfechos los derechos de la familia de Narcisazo ni el clamor de la sociedad, de que ese caso sea debidamente esclarecido.

A lo que se aspira es a que el expediente sobre la desaparición del profesor González, sea reabierto e investigado a profundidad, sin juicios ni prejuicios, sin exclusiones ni discrimen, porque a lo que se aspira es a que la verdad salga a relucir como sol de mediodía, sin importar las consecuencias jurídicas o políticas.

Quienes han sido mencionados por el rumor público o por voces interesadas como vinculados con el posible asesinato de Narcisazo, tienen la oportunidad de poder limpiar sus nombres, como también posibles implicados todavía no aludidos, serían señalados por el dedo acusador de la Fiscalía.

La Corte Interamericana y la sociedad nacional estarán muy pendientes de todo cuanto se haga o se deje de hacer en esta reapertura de las indagatorias sobre un posible homicidio de naturaleza política, por consiguiente, un crimen de lesa humanidad, cuyos autores materiales e intelectuales merecen ser identificados.

Se resalta el deber ciudadano de contribuir para que ese proceso de investigación arribe a la certidumbre y se pueda borrar, con la identificación y sometimiento a la justicia de posibles imputados o con cualquier resultado que aflore, una mancha histórica que requiere ser removida, 19 años después.