El país se encamina a una mayor crisis estructural, porque el gobierno persiste en reforzar la dependencia y en entregar las riquezas nacionales a compañías extranjeras que depredan el medio ambiente.

Se agravará, porque sigue el intercambio desigual con países ricos y el endeudamiento externo es para obras faraónicas y el despilfarro que enriquecen a un grupo, cuando naciones como Inglaterra se aprietan el cinturón.

A esa agobiante realidad se le suma unas elecciones congresuales y municipales fraudulentas, con una abstención que superó a los votantes, dando paso a órganos públicos ilegítimos.

El tribunal de elecciones viola la Ley que lo creó y sus propias normas, niega o minimiza las trampas, y trata de legitimar resultados de un proceso viciado, que trituró hasta a candidatos oficialistas.

Los jueces maniobran tratando de salvar su reputación y a un sistema electoral excluyente, permeado por la manipulación de un Poder Ejecutivo que avasalla a sus contendores.

Crece el descreimiento colectivo en el sistema político y sus representantes; retrocedemos a un caudillismo trasnochado y autoritario, que liquida los escasos espacios democráticos.

El panorama es lúgubre, porque nos cubre como una mancha de aceite el narcotráfico, inseguridad ciudadana, sicariato y corruptela, promovidos por estamentos del Estado en franca putrefacción.

En ese escenario, el nuevo caudillo escala hacia el poder absoluto, pateando a todo el que disienta. Agita un peligroso cóctel de crisis económica, insatisfacciones sociales y represión.

Urge de la unidad y la acción de las fuerzas sociales y políticas para terminar con este desastre, con suficiente poder que de paso a una sociedad más equitativa en términos económicos, sociales y políticos.