Antes que la corrupción, que ya provocó una pequeña tormenta con la reducción de 10 a tres años de la pena principal por ese delito, las tres causales del aborto han sido el centro de las vistas públicas celebradas por la Cámara de Diputados sobre la modificación del Código Penal.
Las exposiciones, no sin su carga de dramatismo, evidencian el alto interés en la población concitado por las excepciones para la interrupción del embarazo.
Cristianos, feministas, juristas, médicas y hasta el representante de las Naciones Unidas concurrieron a unas vistas precedidas de incidentes y campamentos a favor y en contra de las tres causales. No parece un debate entre el derecho a la vida desde el embarazo, como defienden los sectores liderados por la Iglesia católica, sino un pulso social dominado por la pasión.
Los legisladores, lejos de asumir su responsabilidad en lo referente al aborto, han optado por dar largas a la discusión para evitar contradicciones con los sectores que favorecen las excepciones y los que se oponen a cualquier tipo de interrupción.
La vista pública del viernes, que contó con la presencia de la madre de Esperancita, la joven que murió por no practicársele un aborto, vuelve a colocar a los legisladores en una disyuntiva sobre el problema.
Expuso que ninguna mujer debe morir por una ley que niega la intervención de la ciencia para salvarle la vida. La polarización que se advirtió en el Congreso demanda responsabilidad para superar el impasse, no al margen, sino dentro de la revisión del Código Penal.
