Con sorpresa vimos en la página web de la Cámara de Diputados/as, la propuesta de Código Penal, comprobando que mantiene los postulados del Código Napoleónico heredado y profundiza aún más las penas en caso de interrupción voluntaria del embarazo, castigando a toda persona que intervenga, así sea con consejos, y también a la madre. No importa que el embarazo sea fruto del crimen de la violación, o del incesto a una menor, y tampoco interesa a la ley si la vida de la embarazada corre peligro: que se muera en nombre de Dios como Esperancita, las mujeres estamos para inmolarnos, dirán los sectarios.

El aborto estaría en la sección número tres del Código Penal, quedando entre los 8 países del mundo que lo penalizan absolutamente. El artículo 90 definiría la práctica como la de causar o cooperar directamente a la interrupción del embarazo, con alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, aunque la mujer consienta, y quien lo haga, será sancionado con la pena de dos a tres años de prisión menor, junto con la mujer a quien se le practique. Además, las personas que pusieran en relación o comunicación con otra persona para el aborto, aun cuando no hayan cooperado directamente en el, se castigarán con uno a dos años de prisión.

En el artículo 91 de la propuesta, médicos/as, cirujanos/as, parteras/os, enfermeras/os, farmacéuticos/as y otros profesionales de la medicina que, abusando de su profesión, causen o ayuden a causar el aborto, serían sancionados con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, castigándose en el artículo 92 la tentativa como el crimen mismo.

Esto no se corresponde con más de doce años de preparación del Código Penal: mientras en los demás países del área se discute el tema con profundidad y se liberan derechos humanos retenidos a las mujeres, mantenemos una actitud medieval frente al problema, reduciéndolo a posturas radicales que no se compadecen el pleno siglo XXI.

La Cámara de Diputados/as actual, integra la generación de legisladores/as a quienes les toca dar la cara por las dominicanas, para que no sigamos muriendo por causas asociadas a la maternidad y por aborto ilegal e inseguro y para que las altas tasas de mortalidad materna puedan bajar. Actualmente, pueden trabajar sin presiones, con apego a la ciencia y a las obligaciones legislativas, por lo que no se compadece un documento como el que presentan.

Una llamada a que se ubiquen en un país y en un momento que necesita de acciones verdaderamente democráticas, apegadas a los derechos humanos de las personas. ¿Estamos esperando demasiado?