Al justificar el alza de los combustibles, el ministro de Economía, Temístocles Montás, atribuyó el revuelo contra la decisión a la falta de comunicación del Gobierno y el sector empresarial. Es posible que se necesite el diálogo, pero en modo alguno para imponer la medida sino para discutir otras opciones frente a las turbulencias que amenazan la economía. Antes que recurrir a las nuevas cargas para evitar la desestabilización en la economía que alegó Montás, las autoridades debieron medir las consecuencias del derroche en que incurrieron durante el proceso electoral. El alza impositiva no es tampoco la única opción que tiene el Gobierno para captar recursos para el sector eléctrico y el Banco Central. Puede suprimir las nominillas y miles de puestos y asesorías que sólo representan una carga para el fisco, así como reajustar el servicio exterior. España, cuyo déficit público es más resultado de factores externos que internos, ha tenido que someterse a un riguroso programa de austeridad para recuperar la confianza en los inversionistas. Por aquí se ha optado por castigar y hasta burlarse de la inteligencia de los consumidores con nuevas cargas.
