Cójanlo

El presidente del Senado,  Reinaldo Pared Pérez, se desliza por la tangente al  abordar la crisis en la Junta Central Electoral (JCE) como si se tratara de una confrontación personal entre el titular y otros jueces del organismo. Cuando se cuestionan decisiones que violarían la Constitución y las leyes, como ocurre en la polémica entre el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y los magistrados José Angel Aquino y Eddy Olivares, el conflicto deja de ser personal para convertirse en institucional. Tan inquietante resulta entonces la naturaleza de la crisis en la JCE como que el Senado de la República desconozca o evada su responsabilidad para determinar si decisiones de la entidad, como la supuesta desnacionalización de más de 22 mil dominicanos de ascendencia haitiana y la convocatoria de licitaciones, son violatorias de las leyes. En función de su papel el Senado debería incluso establecer si en verdad el presidente de la JCE mintió al exponer ante ese cuerpo, como declaró el magistrado Aquino. Las elecciones de 2016 no deben  preocupar a Pared Pérez, sino que la JCE actúe con apego a   las leyes. Lo demás sería escurrir el bulto.