El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) echa más leña al fuego que arde en el tribunal al sustituir al magistrado José Angel Aquino de la unidad que audita el Registro Civil. En medio de la confrontación por supuestas violaciones constitucionales la decisión del magistrado Roberto Rosario tiene un claro carácter represivo, que exacerba más los ánimos.
Pero también comprometedora, siempre que sea cierto que bajo la gestión de Aquino se han detectado alteraciones fraudulentas en los libros de las Oficialías del Estado Civil, incluyendo la oficina central que opera en la Feria. Con la crisis que atenaza la JCE el sistema institucional se ha resquebrajado, toda vez que no se trata de diferencias personales.
El conflicto se ha tensado todavía más después que Aquino dijo que Rosario había mentido sobre el caso de la desnacionalización de más de 22 mil dominicanos de ascendencia hatiana cuando compareció ante el Senado. Y con la advertencia de otro magistrado, Eddy Olivares, de que violaba la Constitución con la convocatoria de una licitación para expedir la nueva cédula de identidad y electoral. Ninguna investigación puede cortar por lo más delgado.
El Nacional
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