Las duras críticas que ha encontrado la elección de Zoila Martínez de Medina como Defensor del Pueblo constituyen la primera gran prueba de fuego para su delicada tarea. Lo primero que tendrá que hacer, para legitimar su designación, es demostrar que no está vinculada a ataduras políticas, sino comprometida con los intereses nacionales.
Su elección ha sido calificada desde un premio al Parido Reformista Social Cristiano (PRSC) por los votos que aportó en las elecciones hasta parte de un acuerdo entre los presidentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, y la Iglesia católica. Aunque el director legal del PRD, Salim Ibarra, declaró que con la elección de Martínez de Medina, una exfiscal del Distrito Nacional, se había violado un pacto entre su partido y el PLD para escoger al médico Félix Antonio Cruz Jiminián. Los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, y de Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig, argumentaron que la elección fue política. Revertir la desconfianza es el gran reto para la funcionaria.
