El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, está que habla de todo, menos de la indemnización con 135 millones de dólares a la firma Dominicana de Vías Concesionadas (Dovicon) por la rescisión del contrato para administrar los peajes de la 6 de Noviembre y la autopista Duarte.

La compensación no sólo ha sido considerada excesiva, sino que el convenio ha sido cuestionado por diferentes sectores que lo consideran un negocio fraguado por funcionarios de la pasada administración.

A Castillo se le ha pedido iniciar una investigación para determinar si el contrato con Dovicon fue concebido por exfuncionarios para beneficiarse. Además de calificarse de capaperro se ha denunciado que Dovicon, de la que se dijo era una compañía domínico-colombiana, es un parapeto para ocultar intereses espurios.

Todas esas versiones son para que el ministro de Obras Públicas se hubiera tomado las molestias de realizar una investigación que arroje luz ante de compensar a una empresa con la rescisión de un convenio suscrito hace alrededor de año y medio. El silencio no puede ser la respuesta, así como tampoco la franca labor de relaciones públicas sobre otras obras.