CÓJANLO

El respeto a la Constitución y las leyes no debe estar condicionado a circunstancias, pero políticamente parece que los asores de Hipólito Mejía esperaron un mal momento para denunciar que las funciones de los jueces electorales son ilegales. No debería ser la tónica, pero es inevitable que a la acción se le confiera más carácter político que jurídico. Y a ese carácter se debe que hasta los constitucionalistas, esa nueva casta que adorna el parnaso jurídico, se hayan refugiado en el silencio o expresado posiciones ambiguas. La intimación de los asesores de Mejía, aunque han advertido que ha sido a título personal, no ha tardado en ser utilizada como otro ingrediente de las contradicciones con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Margas Maldonado. La maquinaria mediática en asecho no ha demorado ni un instante para entrar en acción. El conflicto en torno al centro de cómputos ha sido relegado a un segundo plano con la intimación para que los jueces cesen en sus funciones hasta que se completen los órganos electorales, como alegan los consultores de Mejía que establece la nueva Constitución de la República.