El Gobierno de El Salvador al final cedió sobre el caso Beatriz, la mujer de 22 años de edad, enferma y embarazada y cuya vida dependía de un aborto. Lo hizo a través de una fórmula que en definitiva es lo mismo.

Las leyes de El Salvador castigan la interrupción del embarazo con penas de hasta 50 años de prisión para la mujer y hasta para los facultativos.

El caso se había convertido en un drama que ha dado la vuelta al mundo y ha movilizado hasta a las Naciones Unidas (ONU), que pidió al Gobierno centroamericano salvar la vida de Beatriz. Las posibilidades de vivir del hijo eran nulas. Se trata de un niño anencefálico, que, según los especialistas, generalmente son inconscientes, además de sordos y ciegos e insensibles al dolor.

La ONU ha vuelto a señalar que casos como el de Beatriz ponen de manifiesto la necesidad de abrir un diálogo amplio y participativo sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva y las implicaciones de las leyes contra el aborto. República Dominicana figura entre los países de la región que prohíben el aborto de manera absoluta, con duras penalizaciones. El Gobierno no tenía más alternativas para salvar a Beatriz.