Lo peor que puede hacer el Gobierno es desentenderse sobre la importación, en violación de las leyes, de las tuberías para construir el acueducto de Peravia. Con la operación, denunciada por diferentes sectores, no sólo atenta contra la industria, sino también contra la seguridad jurídica. La ley establece que operaciones como la importación de los materiales de construcción deben licitarse. Pero con tal de favorecerse a la compañía a cargo de la construcción de una obra tan necesaria para los banilejos no se ha tomado siquiera en cuenta que los tubos ofrecidos por la industria nacional no sólo tienen precios más competitivos en el mercado, sino que son incluso de más calidad. En aras de la transparencia que ha proclamado y del respeto a las leyes el Gobierno no puede desentenderse de una transacción que atenta contra el fisco y la creación de empleos. El hecho de que todos los sectores sensatos se hayan pronunciado contra la ilegal y desatinada importación debe ser motivo para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Porque sin respeto a las reglas de juego ningún inversionista se sentirá motivado a desarrollar ningún proyecto en el país.
