El detalle no es tan simple. Que haya que intimar al alcaide de La Victoria para que los reclusos sean conducidos a juicio es de esos elementos que cuestionan los alardes de las autoridades sobre la reforma del sistema carcelario. Ha habido que cancelar audiencias preliminares y de fondo porque los reclusos no han sido trasladados a los tribunales. Y es obvio que no han sido una ni dos las ocasiones en que a los presos se les ha negado el derecho constitucional a un juicio. Por la rutina en que se han convertido, además de multado, el alcaide ha sido intimado a comparecer por ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para que explique las razones por las que los imputados no son llevados a los tribunales. La evidente irregularidad contrasta con un sistema penitenciario fundamentado en la condición humana y el derecho. La Procuraduría General de la República tendrá que investigar el problema con el traslado de los reclusos. ¿De qué sirven las llamadas cárceles modernas cuando un recluso no puede ser trasladado a un tribunal, por las razones que fueren, para ventilar su expediente? Una interrogante que compromete.
