Con el emplazamiento al Ministerio de Hacienda para que detalle el destino de un préstamo de 1,200 millones de pesos avalado en 2007 por el Estado en beneficio de las zonas francas, el Senado ha generado suspicacias en torno a la operación financiera. Porque se suponía que el cuerpo legislativo tenía una relación de las empresas y las amortizaciones que realizarían a la hora de sancionar el contrato de préstamo. Pero ahora se destapa el presidente de la comisión de finanzas, Tommy Galán, con que el Senado quiere fiscalizar la ejecución de los recursos. ¡Cuánta incompetencia! Los detalles que pide el Senado tenían que formar parte del proyecto sometido por el Ministerio de Hacienda. Ahora no se sabe siquiera cuál ha sido el destino de los recursos, como se evidencia en la solicitud al Consejo Nacional de Zonas Francas para que ofrezca una relación de las empresas beneficiadas con el préstamo. Que se recuerde el empréstito fue acordado para frenar las cancelaciones y relanzar un sector cuyo colapso definitivo tenía que evitarse en víspera de un proceso electoral.
