Elevar la máxima hasta 40 años y establecer el cúmulo de penas hasta los 60 figuran entre las modificaciones al Código Procesal Penal formuladas por una comisión de juristas designada por la Cámara de Diputados. La represión, por lo visto, constituye la respuesta más socorrida por parte de un sector para lidiar con la violencia, la criminalidad y los problemas sociales. A

l plantearse un endurecimiento de las penas se suele pasar por alto que su propia vida importa un comino a muchas personas, sobre todo jóvenes, que salen a la calle dispuestos a matar o que los maten, a la hora de cometer un asalto.

Pero un sector ha entendido que el Código Procesal Penal es benigno con la criminalidad y la delincuencia y que el incremento de la pena es la respuesta.

El Congreso puede no sólo elevar la pena máxima, como recomendó la comisión de juristas, sino consignar cadena perpetua o la pena de muerte, pero en tanto no se eliminen las causas sociales y económicas la represión será otro paño con pasta para esa inseguridad que tanto perturba a la población. Esa es la realidad, aunque cueste aceptarla y se prefiera, por las razones que fueren, deslizarse por la tangente.