La Defensora del Pueblo se ha estrenado con una investigación sobre el caso del recluso que denunció que fue golpeado por agentes policiales en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata. Pero como para que nadie se haga muchas ilusiones, la señora Zoila Martínez aclaró que el organismo que dirige no tiene funciones coercitivas.

Su misión explicó- es hacer las investigaciones y remitir el expediente a la Procuraduría General de la República, que es a la que compete tomar las acciones correspondientes.

Eso es si procede o no un sometimiento. La Defensora del Pueblo, como para que no se le vea como una botella ni un ente decorativo, anunció que se trasladó a Puerto Plata para investigar la golpiza que denunció el recluso Franklin Peralta. Pero resulta que ya por ese caso la jefatura de la Policía detuvo y suspendió a los agentes que estarían involucrados para traducirlos a los tribunales.

Eso indica que la Defensora del Pueblo llegó tarde, aparte de que sus funciones se reducen a hacer recomendaciones para que el Ministerio actúe. Para acreditar su labor, la señora Martínez tendrá por lo menos que hacer mucha bulla. Algo que, por el carácter político de su nombramiento, también estaría por verse.