Cójanlo

Si es verdad que los cambios de los administradores de las Empresas Distribuidoras de Electricidad obedecieron a condiciones de organismos internacionales, el Gobierno ha caído en un censurable acto de sumisión. Se tenía entendido que los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM) podían condicionar su cooperación, pero en modo alguno imponer decisiones que competen a las autoridades. Es mejor pensar que se trata de un pretexto las alusiones al BID y al BM sobre las destituciones de Rubén Bichara, de Edeeste; Lorenzo Ventura, de Edesur, y de Félix Tavárez, de Edenorte, y no de órdenes de los organismos internacionales. Se alega que las entidades habían hecho énfasis en la despolitización del sector eléctrico. Pero si el sector está politizado la culpa hay que atribuírsela al Gobierno. Las sustituciones de por sí no garantizan una gestión eficiente, que implique de manera automática una reducción de las pérdidas de un 32 a un 15 por ciento, si no se aplican determinadas normas administrativas y financieras. Lo cierto es que el vicepresidente de la CDEEE quería sustituirlos para tener  mayor control sobre las operaciones de las Edes.