El Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Aduanas han entrado en contradicciones visibles, que sugieren un doble discurso, en torno a conflictos que libran en los tribunales. Aduanas había negado que pidiera la excarcelación de tres acusados de un contrabando millonario en su colecturía en Santiago, pero el tribunal mostró las conclusiones en ese sentido presentadas por los abogados de la entidad. Del asunto simplemente no se ha hablado más. Una situación parecida se ha dado con la protesta del ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, en torno a la sentencia que ordena la renovación de la licencia sobre una pistola a Santiago Pastor Batista Valera. Almeyda había indicado que Batista Valera es un deportado de Estados Unidos, pero en una certificación de la Dirección General de Migración se hace constar que el favorecido no figura en los archivos como expulsado de ninguna nación extranjera. Como no se concibe que los titulares de entidades públicas puedan estar tan desorientados en torno a acciones judiciales, entonces se piensa en que prevalece un doble discurso. A menos que se demuestre lo contrario.
