Despliegue inusual
Se presta a conjeturas el despliegue exhibido por el Gobierno para anunciar que solicitará que sea ventilado en el Distrito Nacional el expediente sobre el crimen de Paya, del cual está apoderado un tribunal de San Cristóbal. ¿Qué necesidad había de una rueda de prensa con la presencia del secretario de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el procurador general de la República, el asesor en materia de drogas del presidente Leonel Fernández y varios fiscales adjuntos para anunciar la decisión? El movimiento, motivado en supuestas amenazas contra los fiscales, ha removido incógnitas como el destino del cargamento de cocaína y de los millones de dólares envueltos en la matanza de los siete colombianos el 4 de agosto de 2008 en Paya. La seguridad de los fiscales es necesaria, pero amenazar con un juicio por delito de audiencia introduce un extraño ingrediente al expectante proceso. Sin duda que el caso Paya llama ahora más la atención, pues también se dice que algunos de los procesados están dispuestos a decir con pruebas todo lo que saben sobre la operación.
