Hay muchas expectativas sobre los resultados de la millonaria evasión en que habrían incurrido varias empresas a través de la falsificación de comprobantes fiscales, que investiga la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El caso, para dar un buen ejemplo, debería llevarse hasta las últimas consecuencias, toda vez que las irregularidades atentan no sólo contra el fisco, sino contra la competitividad. Empresarios que se rigen por las reglas resultan perjudicados por los que se valen de triquiñuelas para afianzarse en el mercado. La evasión a través de la falsificación de documentos es un delito por partida doble. Una acción ejemplarizadora fortalece el crédito y la eficiencia que se ha ganado la DGII. No se puede contemporizar con quienes recurren a artimañas para violentar las leyes ni las reglas de juego. La ley debe determinar la suerte de las empresas que se compruebe falsificaron documentos para evadir el impueto sobre la renta. La indulgencia, por las razones que fueren, estimula la mala conducta. La DGII tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en su investigación sobre las evasiones millonarias.
