Cójanlo

Tras advertir que las plantas a carbón eran irreversibles e innegociables, el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) denunció un supuesto plan para impedir su instalación. Rubén Bichara dijo que tenía conocimiento de que se planean impugnaciones y de que se quiere abortar el proceso de licitación sobre las dos generadoras.

Cierto o no, en ese caso lo que tiene que hacer la CDEEE es actuar con la más absoluta transparencia y apego a las leyes para condenar de antemano al fracaso cualquier recurso jurídico. No basta con que la licitación sea dirigida y supervisada por las firmas más calificadas y reputadas del mercado.

Aun más, como reconoció el propio Bichara, si se está consciente de los intereses que se ciernen sobre un proceso que envuelve cientos de millones de dólares. Al margen de que todos los sectores no tienen por qué estar de acuerdo con la iniciativa para enfrentar el problema eléctrico, aunque sea la mejor alternativa, la instalación de las plantas no se puede imponer sin observar, al pie de la letra, los procedimientos legales. De lo contrario se incurriría entonces en un atentado contra la seguridad jurídica.