La aprobación por el Senado de una ley de reforma migratoria constituye un primer paso en firme hacia el reclamo de legalización de más de doce millones de indocumentados que residen en Estados Unidos, pero el trayecto para alcanzar esa reivindicación todavía es largo y tortuoso, tanto así que se prevé que la Cámara de Representantes, dominada por republicanos, desmontará casi totalmente el estatuto aprobado al otro extremo del Capitolio.
El presidente Barack Obama logró una novedosa alianza entre liberales y conservadores para forjar una ley, que dista mucho de lo que el mandatario albergaba sobre un estatuto migratorio, pero que se acerca entre lo ideal y lo posible.
Una vez aprobada esa ley, la mayoría de los indocumentados deberán esperar hasta 13 años para obtener residencia o ciudadanía, aunque no serán deportados, pero se condiciona su aprobación al cierre hermético de la frontera con México y a un programa para impedir la migración ilegal que prevé recursos por 40 mil millones de dólares. Falta mucho aún.
El Nacional
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