Página Dos

Cójanlo

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La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha puesto en su lugar a la Dirección de Migración, a través de una sentencia, en lo que respecta a insmicuirse en asuntos relacionados con la educación. En un fallo sobre la base de un recurso de amparo elevado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el tribunal encuentra suspicaz que el director de la entidad, Ricardo Taveras, amenace con utilizar medios represivos contra los planteles que inscriban hijos de ilegales. Y lo cierto es que resulta muy extraño que el funcionario ignorara el carácter universal del derecho a la educación como para atreverse a amedrentar a los centros que inscribiesen hijos de extranjeros ilegales. No conforme con la desautorización el tribunal conminó al organismo a no recurrir a subterfugios legales o maniobras tendentes a menoscabar el derecho a la educación de niños y adolescentes hijos de inmigrantes no residentes. La sentencia, que saca a flote elementos preocupantes, es una lección para ser aprendida.  De los más de 61 mil estudiantes extranjeros, apenas unos 7 mil cuentan con actas de nacimiento.

 

 

El Nacional

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