Antes que arrepentirse por los privilegios que se han atribuido, lo que han hecho los jueces de la Cámara de Cuentas es justificarlos. Sus alegatos, que cuestionan sus funciones, no hacen más que aumentar el desconcierto sobre el interés de los también servidores públicos.

Se había pedido a los magistrados que por delicadeza devolvieran los incentivos, pero la respuesta ha sido que ellos no se rigen por la ley de función pública. Se entiende, de esa forma, que pueden hacer y deshacer porque son un mundo aparte.

No podía esperarse que los jueces, como solicitaron dos senadores peledeístas y uno perredeísta, iban a desprenderse de los bieneficios asignados. Pero tampoco que buscarían la forma de justificarlos, con alegatos, por demás, tan pueriles.

Lo prudente sería que devuelvan los recursos por el escándalo producido, pues por más justificación, perdón y arrepentimiento el crédito está en peligro. Los magistrados deben reconocerlo sin necesidad de que se lo digan.

El conflicto para los jueces comoquiera es un quintal. Y ante el revuelo que se ha creado bien vale la expresión de que no hay pero que valga. Así está la cosa.

Aunque ni por asomo contemplen renunciar, hay quienes ven el escándalo como otra prueba fehaciente de lo costoso que resulta a la patria el servicio político. No se puede pensar otra cosa, en honor a la verdad.

La justificación de los recursos sólo contribuye a hundirlos más en el descrédito.