Los alegatos de un comerciante que se considera víctima de arbitrariedades, entre las que figura la supuesta violación de sus medios de defensa durante un proceso en que fue condenado a cinco años de prisión, son para que se aclaren.

Como todos los casos en que están en juego la libertad y las prerrogativas de cualquier ciudadano. El caso es que Ramón Antonio Medina aduce que aparte de que en pleno juicio se varió la acusación, después se le trasladó sin orden judicial del penal de La Victoria a la cárcel del kilómetro 15, de Azua.

Al considerar que ha sido víctima de sus derechos procesales, el recluso ha reclamado a la Suprema Corte de Justicia que anule la sentencia a través de la cual fue condenado y ordene un nuevo juicio. Medina dice que se le sometió por abuso de confianza por un conflicto con el también comerciante Ramón Acosta Ramírez, con quien había acordado procesarle 1,263 sacos de arroz en una factoría propiedad su esposa, pero que luego se le condenó por robo.

Procede, pues, revisar la sentencia para establecer si en verdad se violaron los medios de defensa del recluso. Si es así, a la Suprema Corte de Justicia no le quedaría más que ordenar un nuevo juicio.