Cójanlo

Supuestos concursos amañados han salido a relucir en el Senado en beneficio de uno de los principales acusados en la extorsión de parejas  que habrían sido filmadas en moteles. Como de lo que se habla es de violaciones de la ley, nada menos que del organismo que la elabora y que está llamado a vigilar su cumplimiento, la situación tiene que aclararse. A raíz de la detención de Francisco Carela Castro por la alegada de extorsión de parejas  filmadas en moteles, se reveló que la Cámara Alta erogó en 2009 a nombre de seis compañías presididas por el prevenido, siete millones de pesos para la compra de útiles escolares. El problema no está en la relación comercial del Senado con un empresario que ha resultado un fisgón de intimidades para extorsionar parejas. De lo que se trata es de la violación de las leyes para beneficiar con erogaciones irregulares a un contratista. Por tratarse de fondos públicos el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, está compelido a  investigar con la más absoluta garantía de responsabilidades. Si el Senado estuviera dedicado a su función de legislar, escándalos de esa naturaleza no ocurrirían. Pero ese no es el caso.