En 1998, Trinidad y Tobado, el pequeño país del Caribe de alrededor de un millón 300 mil habitantes, se convirtió en el primer Estado de la región en renunciar a la convención interamericana de los Derechos Humanos. Ahora es una potencia como Venezuela la que se marcha, bajo el alegato de que el organismo es utilizado por Estados Unidos como punto de lanza para agredir a su Gobierno.
A diferencia de Trinidad y Tobago, grupos humanitarios de Venezuela temen que la oficialización de la partida pueda desencadenar una ola represiva contra desafectos al Gobierno y los sectores que cuestionan la falta de independencia del Poder Judicial. Pero la verdad es que no sólo Venezuela ha cuestionado las evaluaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la observación, en diferentes países, de las prerrogativas ciudadanas.
Sin embargo, ninguno de los que se consideran aliados del presidente Nicolás Maduro lo ha acompañado en la ruptura con el organismo, que hace alrededor de un año había sido denunciado por el entonces presidente Hugo Chávez. Aparte de las razones, es posible que Venezuela, que no estaba sola en el organismo, se haya precipitado al renunciar del ente interamericano.
