En torno al debate sobre los permisos de importación, el asesor agrícola del Poder Ejecutivo y vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) detonó un misil. Según Osmar Benítez, entre las empresas que critican las subastas a través del JAD de los permisos para importar productos agrícolas hay algunas que tenían licencias compradas de manera fraudulenta.
Que Benítez no citara nombres no le resta dimensión a su denuncia. Con bastante conocimiento de causa, porque cuesta aceptar que pudiera inventarse el escándalo para escurrir el bulto, el funcionario dijo que una firma pagó 29 millones de pesos por un permiso que después ni le reconocieron.
Eso de que con el proceso para transparentar las importaciones se ha afectado intereses de personas que se ganaban cerca de dos mil millones de pesos al año no puede quedar como una simple denuncia en medio de una ácida confrontación de intereses. Si eran operaciones irregulares, que de alguna manera perjudicaban al contribuyente, la vía para dilucidarse no son los medios de comunicación, sino los tribunales. Con todas sus consecuencias.
