Por aquí sería abuso

El Gobierno de Italia decidió suprimir por decreto la financiación del Estado a los partidos políticos. Desde que se conoció la información hay quienes han planteado, con buena o mala fe, que por aquí debería hacerse lo mismo. Pero antes que dejar a los partidos políticos sin los recursos que aporta el contribuyente lo que más bien procede es revisar el mecanismo.

Entelequias que son verdaderos negocios, que jamás han presentado candidaturas propias y que siempre han estado aliadas del partido que tiene más posibilidades, son indignas de los fondos. La Junta Central Electoral (JCE) debe ser también más rigurosa en la evaluación del uso dado a los aportes y sancionar a las organizaciones que no tengan claras sus cuentas. Pero en un país donde se abusa de los recursos en los procesos electorales, suprimir la financiación a los partidos, como ha ocurrido en Italia, es como allanarle el camino de por vida a quien esté en el poder.

Y más con un Congreso que legitima déficits fiscales tan alarmantes como los más de 200 mil millones con que cerró el Gobierno en 2012, y donaciones tan escandalosas, para colmo sin soportes, como los alrededores de 2,300 millones erogados por la Cámara de Diputados de 2006 a 2010.