Sin que todavía se hayan liberado del escándalo por los incentivos navideños, los jueces de la Cámara de Cuentas están metidos en otro lío sobre contrataciones sin licitaciones y de un seguro médico internacional.

Para una entidad cuya misión es supervisar los procedimientos financieros y administrativos del sector público, las contrataciones sin concursos son tan graves como los privilegios personales al margen de la ley.

La excusa que se ha invocado para asignar a una empresa el diagnóstico general, modificar los patrones de trabajo y adecuar el personal puede ser enarbolada por cualquier entidad pública que incurra en la misma práctica.

Se habla de que la firma favorecida grado a grado para la auditoría fue la Price Waterhouse & Coopers. No se ha revelado a cuánto asciende el contrato con la empresa para realizar el diagnóstico.

Aunque todavía no han estallado, los problemas vienen zumbando y máxime con los antecedentes. La contratación choca con el hecho de que antes de conocerse la evaluación los nuevos jueces suprimieron oficinas y cancelaron a decenas de empleados.

El seguro médico internacional, que se ha justificado como una tradición, es otro de los privilegios que se habrían aprobado los miembros del tribunal.

Si el escándalo de los incentivos navideños alborotó a la opinión pública, los servicios contratados sin licitaciones y el seguro médico dejan todavía peor la imagen de los magistrados. Sería tan inconcecible que traten de justificar las operaciones como que aleguen ignorancia.